La Reforma Constitucional (Exposición de Motivos - 3)

Seguimos; como vimos en el post anterior, y según lo afirmado en la propia Exposición de Motivos (EM), lo que está planteado es un proceso de destrucción a todo nivel y en el plano económico lo que resalta en el proyecto es, entre otras cosas que vamos a revisar hoy, lo relativo a la propiedad.

Antes de seguir adelante quiero que todos tomen conciencia que, a pesar de las declaraciones del día de hoy de Cilia Flores, Presidenta de la Asamblea Nacional, en el sentido que a pesar de los cambios propuestos para el Artículo 115 se seguirán “reconociendo” el derecho a uso, disfrute y disposición de la propiedad privada eso de ninguna manera significa que ésta quede GARANTIZADA.

El texto vigente es muy claro al respecto, reconoce y garantiza la propiedad privada, el texto propuesto solo reconoce los diferentes tipos de propiedad, pero no las garantiza, (a ninguna por cierto); así que mucho cuidado con esto, no se dejen engañar con ese juego de palabras, no les pase lo que a los guardias nacionales que como el presidente dijo que reconsideraría el Artículo 329 propuesto se quedaron “tranquilos” sin comprender que el texto de dicho Artículo sigue redactado exactamente igual mientras la Asamblea aprueba expeditamente la reforma...

Pero seguimos, en conexión con el tema de la propiedad es que se define otro de los elementos de la “ruptura” planeada: las empresas de producción social.

Estas son definidas en la EM “como unidades de producción comunitaria cuyo objetivo fundamental es generar bienes y servicios que satisfagan las necesidades básicas y esenciales de la comunidad y su entorno” en cuya gestión se deben privilegiar valores morales por encima de las ganancias o la rentabilidad. (Pág. 11).

Estas empresas de producción social son las que “manda” a constituir el Artículo 112 propuesto y a las que podría adjudicarse la explotación de recursos estratégicos según el Artículo 113 propuesto y que se corresponden al primer tipo de “propiedad” definido en el Artículo 115: la Propiedad Social que puede ser directa, asignada a dedo por el Estado, o indirecta, cuando es ejercida por el Estado a nombre de la comunidad; una forma de propiedad que, sin discusión, mantiene el Estado bajo su estricto control ante cualquier circunstancia.

Que estas empresas adelanten su gestión sobre un esquema de valores morales y éticos como la solidaridad, equidad, cooperación, etc. (Pág. 11), está muy bien, pero hay que precisar que si una empresa, desde su propio origen, deja de lado la rentabilidad, que es el factor que le da sustento en el tempo, es una empresa predestinada a la quiebra o a la onerosa e ineficiente, (en términos de desempeño), subvención gubernamental.

El propósito de estas empresas pues, no queda claro, simplificando al máximo podemos definir la rentabilidad de una empresa como la diferencia entre los ingresos percibidos y los gastos y costos incurridos, obviamente a precios estables cuanto menores sean los gastos y costos incurridos mayor será la rentabilidad. Si la maximización de la ganancia es uno de los socorridos ejemplos para la estigmatización del capitalismo salvaje la solución es establecer los necesarios controles y equilibrios para que los gastos y costos se mantengan en niveles bajos de forma que aún a precios bajos la rentabilidad siga siendo alta y atractiva y para lograr esto no es necesario destruir una economía, es suficiente con equilibrarla y encaminarla, despojándola de nefastas distorsiones como controles de precios irreales e ilusorios, controlando la inflación reduciendo los costos de burocracia, impuestos, etc.

Y en esto, sin querer queriendo, la propia EM me da la razón, en la página 13, cuando al caracterizar la “nueva arquitectura financiera” se plantea que el nuevo sistema debe “promover el empleo, valorar el trabajo, el ahorro y la inversión productiva y perseguir la justicia social, la prosperidad, la seguridad social” y “combatir el despilfarro de recursos, la inflación, la corrupción, la ineficiencia y los desequilibrios macroeconómicos”.

Si hubiese una verdadera cultura moral y un estado eficaz esas metas podrían alcanzarse dentro del sistema capitalista de mercado que conocemos pero, en las actuales circunstancias eso es imposible pues, como hemos dicho y está a la vista de todos, “el despilfarro de recursos, la inflación, la corrupción, la ineficiencia y los desequilibrios macroeconómicos” en el marco de la acción de este gobierno se han multiplicado en estos últimos 9 años como nunca antes en nuestra historia.

Y es que además con la excusa de “incluir en el proceso de producción a las mayorías” se espera ejercer un mayor control sobre el sistema bancario; esa es la razón de las legislaciones que se han aprobado para forzar las carteras de créditos para microempresas y cooperativas, deslastrándose el estado de esa onerosa carga y traspasándola en buena medida a la banca.

Pero esto no es suficiente; el sistema bancario sigue funcionando bajo un esquema de mercado, es decir que el “precio” del dinero, los intereses, se siguen estableciendo de acuerdo a dicho esquema. Para que el gobierno pudiese alcanzar su objetivo de “ruptura” con la nueva “arquitectura financiera” era de todo punto necesario que tomase control de ese sistema y sus elementos, de la banca, la moneda y los intereses; o lo que es lo mismo el mercado, los agentes, el bien y su precio.

Pero para lograr esto era necesario controlar la totalidad del sistema financiero y esto incluye evidentemente asumir el control de las funciones del Banco Central de Venezuela, (BCV) por ello es que en el proyecto de Constitución propuesto se elimina por completo cualquier rastro de autonomía del BCV en los Artículos 318, 320 y 321.

El secuestro del BCV y la usurpación de sus funciones es el “broche” con que se cierra el circulo en el que queda encerrada nuestra economía según lo propuesto por el presidente; en la EM se le nombra con una eufemística “nueva concepción de las funciones del Banco Central de Venezuela”, (Pág. 15).

De acuerdo a esa “nueva concepción” el BCV debe “flexibilizar y adaptar su estructura jurídica, administrativa y funcional a los nuevos objetivos del modelo productivo y de la política económica del Estado”, (Pág. 16), por lo que su autonomía debe ser “revisada”.

El gran “pecado” del BCV es haber buscado “sus objetivos de control de la inflación con medidas netamente monetaristas.” Con lo que, según la EM, se desligó “de las necesidades de la economía real, (Producción, empleo, crecimiento),” como si el control de la inflación no fuese el paso esencial para dotar a los mercados y al sistema económico de la estabilidad necesaria para que esas necesidades puedan ser suplidas por sus propios mecanismos.

Por ser dicha política un error tan grave del BCV, el Estado está listo para dictar sus propias medidas monetarias; pero estas no tendientes al control de la inflación sino al control del sistema financiero en su conjunto “para evitar la fuga de capitales y la especulación dentro del sistema financiero nacional e internacional” unas metas que no han sido alcanzadas por el BCV producto de su ineficiencia y su estrechez de miras... en especial en el plano del sistema financiero internacional ...¿?...

Culminando este punto al “aclarar” que, por estar todos los entes del sistema financiero y el poder monetario, “cada vez más al margen de las instituciones donde están representados, siquiera formalmente, todos los intereses sociales” es necesaria la consolidación del nuevo poder monetario para que los grupos que posean escasos recursos financieros puedan “tratar de mejorar su parte en el reparto del producto social”. (Pág. 17)

Así pues que, para resumir este punto, la ruptura o destrucción del modelo capitalista necesaria para la construcción del socialismo “a la venezolana” pasa por el desconocimiento de la propiedad privada, por la creación de empresas del estado bajo la formula de una propiedad social que no es otra cosa que propiedad del estado, el control del sistema bancario, financiero y monetario nacional a través de la firme sujeción de los bancos y de la supresión de la autonomía del BCV, lo que permitirá al estado disponer de todos los elementos que sustentan el sistema económico nacional para llevar adelante su "destrucción" formal constitucional.

Con razón no hace muchos días el Banco de Venezuela, perteneciente al Grupo Santander de España, incluyó, en su informe a sus propietarios, dentro de los riesgos potenciales para el próximo año... la estatización de la Banca... cuando el río suena...

Mañana veremos una afirmación relativa a reelección del presidente que si no fuera tan trágica en el contexto de nuestras realidades daría mucha risa...

Saludos.
rctv
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