Discriminación Política en Venezuela (Informe)

Pude, como puede cualquiera que le interese, bajar una copia en PDF del Informe sobre Discriminación Política en Venezuela para los años 2003 al 2007 realizado por la Asociación Civil Control Ciudadano para la Seguridad la Defensa y la Fuerza Armada Nacional. (El archivo es algo “gordo”, 38.28 Mb, pero vale la pena para poder leerlo completo).

El informe no puede ser consultado en línea, hay que bajarlo para leerlo; (pueden hacerlo aquí), así que en beneficio de los que no pueden o no quieren bajarlo vamos a echarle un vistazo.

El informe parte de la base que la discriminación política es una forma de intolerancia que ha sido promovida desde el gobierno y que por esta razón además de ser un tema de grave violación de los derechos humanos de los ciudadanos que son víctimas de ella es, además, un tema que afecta a la seguridad de la nación.

Con la elaboración de este informe, la A. C. Control Ciudadano pretende hacer una cuantificación de los datos disponibles concernientes a la discriminación política en Venezuela, de manera que puedan ser utilizados para sustanciar, al menos de manera general, las denuncias que sobre estos hechos puedan hacerse ante los organismos, nacionales o internacionales, de protección de los Derechos Humanos. La idea es, además, convertir a esta iniciativa en una especie de base de datos fundacional o inicial para el establecimiento de un Observatorio permanente sobre Derechos Humanos en Venezuela que pueda ser utilizada para proporcionar datos e informaciones pertinentes a quien las necesite.

El informe está elaborado sobre la base de información extraída y analizada de diversas fuentes: de 5.622 artículos de prensa de 4 importantes diarios venezolanos; de una selección de decisiones del Tribunal Supremo de Justicia y de un conjunto de leyes formuladas por la Asamblea Nacional, por el propio presidente de la República por la vía de la habilitante e incluso por el Consejo Nacional Electoral en los casos que el TSJ le autorizó para ello.

En el estudio se cruzaron los datos aportados por los artículos de prensa, (para evitar repeticiones de casos denunciados públicamente por los medios), dando como resultado la identificación de 1.222 víctimas individuales de discriminación política en Venezuela durante el período de estudio.

Además, por la mismas fuentes se logró identificar o determinar a 14 colectividades afectadas por la Discriminación Política:

1. Comunicadores sociales y dueños de medios privados.
2. Empresarios.
3. Estudiantes y profesores opositores.
4. Ex trabajadores petroleros y sus familias.
5. Jueces y demás empleados del sistema de justicia.
6. Manifestantes y dirigentes de la oposición.
7. Militares.
8. ONG’s.
9. Personas privadas de libertad por los sucesos del 12 de Abril.
10. Personas repudiadas por no sumarse al PSUV.
11. Propietarios de tierras.
12. Sindicatos opositores.
13. Solicitantes del referéndum revocatorio presidencial.
14. Víctimas del 11 de Abril.

En los casos relativos a la discriminación política por la vía normativa o legal, se definen en el informe las siguientes 10 “esferas” o ámbitos:

· En la aplicación de la ley.
· En el ámbito electoral y del ejercicio de los derechos políticos.
· En el ámbito de la libertad de expresión.
· En el ámbito laboral o de la función pública.
· En el ámbito militar.
· En el ámbito judicial.
· En la esfera económica.
· En el ámbito educativo y cultural.
· En lo social y
· Una esfera “general” de casos diversos.

En cuanto a las declaraciones públicas del presidente y otros funcionarios gubernamentales, entre enero del 2003 y junio del 2007, que contengan elementos de discriminación política, el informe contabiliza un total de 224 divididas en: 108 declaraciones atribuidas al presidente (48.2% del total) y 116 declaraciones atribuibles a otros funcionarios gubernamentales (51.7% del total).

Destaca el informe que, precisamente, en los seis primeros meses del 2007 son en los que más declaraciones discriminatorias ha proferido el presidente con casi el 30% de las 108 atribuidas a él; es decir, se revela un patrón ascendente, la tendencia se agudiza... y este patrón también se revela en las declaraciones emitidas por otros funcionarios gubernamentales aunque en una proporción menor.

Con los “otros funcionarios gubernamentales” a los que se hace mención en el informe se refieren a: Fiscal General de la República, Presidente del TSJ, Presidente de la Asamblea Nacional, Defensor del Pueblo, Alto Mando Militar, Ministros, Gobernadores, Alcaldes y Presidentes de otros organismos del Estado.

A continuación el informe nos presenta el marco normativo y conceptual en el que se apoyan para la caracterización de los casos de discriminación política que se describen y cuantifican; esta sección es demasiado extensa como para intentar siquiera resumirla para ustedes pero es crucial, es de vital importancia para que todos comprendamos, no sólo el alcance y validez de este informe, sino también el verdadero alcance, amplitud y gravedad de la continua y agravada violación de nuestros derechos por la discriminación de que son, (y seremos), víctimas los que adversamos la acción de este régimen. Esta es, a mi criterio, una de las partes más valiosas de este informe y solo por ella vale la pena descargarlo y leerlo con calma.

El informe prosigue con la explicación detallada de la metodología utilizada en el análisis de los datos, su procesamiento y su presentación para terminar con la reproducción de los elementos informativos en los que se basa.

Dentro de los elementos analizados en este valioso informe es importante destacar los relativos a las normas o leyes que resultaron en elementos de discriminación política; legislaciones relativas a:

· La organización de procesos electorales.
· Legislación penal.
· La regulación de las libertades de información y expresión a través de medios de comunicación social.
· La elección y normativa interna del Máximo tribunal de la República.
· La conformación y funcionamiento de consejos de planificación local y consejos comunales.
· La creación de condecoraciones y reconocimientos públicos.

Además, en las páginas 407 y 408 del informe se nos ofrece un cuadro en el que se identifican, a manera de ejemplo, 14 sentencias relativas a diferentes materias, (laboral, militar, electoral, libertad de expresión, etc.), emitidas por distintas salas del TSJ con su respectivas URL para que podamos consultarlas y contrastar su contenido con los criterios utilizados en el informe; quedando en evidencia la práctica de la promulgación de leyes y normas discriminatorias.

Las conclusiones que se nos ofrecen son muy claras:

En primer lugar, se constata que la discriminación política en Venezuela es alentada y promovida desde las más altas esferas del poder, convirtiéndose en política de Estado, pues no sólo se trata de declaraciones de funcionarios de alto nivel sino también de normas, leyes y decisiones judiciales que no sólo instrumentalizan dicha discriminación sino que en muchos casos la refuerzan.

Además se evidencia que las cifras de casos de discriminación política presentadas en este informe superan ampliamente las manejadas por otras organizaciones de derechos humanos como la FEDEUNEP, las cuales, en general, sólo registran los casos de los empleados públicos despedidos o perseguidos por su participación en la convocatoria al referéndum revocatorio presidencial y cuya persecución se basa en las listas Tascón o Maisanta. Esta diferencia se explica por dársele en este informe una interpretación más amplia, (y a mi criterio más realista), al concepto de “Discriminación Política”.

En las conclusiones del informe se refieren a la evidencia de una disminución progresiva en los casos de discriminación denunciados; a esta particularidad se le dan tres posibles explicaciones. Hay que estar claros, la formalidad y la obligatoria objetividad impide a sus autores señalar la causa más clara, refrendada incluso por el contenido del informe y, por lo que a mi respecta, es la tercera, (“respuesta definitiva” sin utilizar comodines), saquen ustedes sus propias conclusiones:

La disminución de las denuncias de discriminación política obedece a una de estas tres causas:

a) Están disminuyendo las víctimas de discriminación política en Venezuela.

b) Se están inhibiendo las víctimas de discriminación política en Venezuela a causa del efecto amedrentador de las declaraciones de funcionarios públicos.

c) Se están inhibiendo de realizar las denuncias por lo inútil que esto resulta en términos de determinación de responsabilidades y de reparación además de la estigmatización y represalias a las que quedan expuestas las víctimas en caso de formalizar la denuncia.

¿Verdad que tengo razón?

Las recomendaciones finales son, a mi entender, de puro compromiso; nuevamente la formalidad obliga...

Todas, (9 recomendaciones en total), apuntan a la necesaria toma de conciencia y a la participación activa del gobierno para dar sustento a un cambio de actitud, un cambio de política y un cambio de tono... el informe analiza apenas 4 años y medio, que no es poco, pero el gobierno tiene en el ejercicio de esa discriminación ya más de 9 años... ¿cabe esperar un cambio de actitud o de política, en especial con lo que se anuncia en el proyecto de nueva Constitución?; evidentemente no, más bien al contrario, lo que se anuncia es una radicalización de esta tendencia, de esta “política de Estado” de agresión, división y discriminación.

Nuevamente y para concluir invito a todos a que descarguen este informe para que puedan leerlo y valorar con calma el inmenso valor de su contenido, la perspectiva que sobre este delicado tema arroja es fundamental para entender nuestra historia reciente y nuestro futuro inmediato; al comienzo de este post les dejé el vínculo por el que pueden acceder a la página de la A. C. Control Ciudadano y descargar el PDF, en cualquier caso me parece lo suficientemente importante como para incluirlo en la lista de “Documentos Esenciales” en el Sidebar así que ahí queda registrado.

Saludos.

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